Por manejo de carnés de discapacidades se multiplican las quejas.

«Tenemos que pasar por numerosos exámenes para demostrar una discapacidad evidente… mi mamá esperó cuatro meses por una cita y ahora debe esperar tres más por otra», reclamó el cuencano Daniel, ante los trámites de recalificación de la discapacidad de su mamá, con sordera de 95% en el oído izquierdo y 35% en el oído derecho. Con esta experiencia, él y su hermana, con 63% y 74% de discapacidad visual, desistieron de hacer este trámite.

Enrique Suárez, en cambio, se quejó en Twitter: «A mi esposa no le dieron (el carné). Tiene 45% de sordera en el oído izquierdo y 75% en el oído derecho .., ¡Qué indignante!».

Testimonios como el de Daniel y Enrique se multiplicaron luego de que se conociera que Daniel Salcedo Bonilla, investigado por su presunta vinculación a una red de corrupción en hospitales del IESS y del MSP, registra el 41% de discapacidad auditiva.

En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación y se quejaron de supuestas irregularidades para la obtención de estos documentos, pues aducen que hay personas con discapacidad que deben pasar por trámites largos, que pueden durar hasta meses; y engorrosos, pues desde sacar una cita para dentro de varios meses, presentar documentos originales, con sellos o firmas, o realizarse nuevos exámenes. Y esto no asegura que se reciba la calificación esperada, muchos se quejan de que reciben un porcentaje menor a su discapacidad.

Salcedo obtuvo su carné, según documentos del Registro Civil, en febrero de 2018. Meses más tarde, en septiembre, César Rodríguez, quien viajó con él en la avioneta que se accidentó en Perú, fue calificado con el 36% de discapacidad física. Y este año, en enero pasado, Noe, hermano de Daniel Salcedo, también se acreditó con el 42% de discapacidad física. Los tres fueron carnetizados, según el Consejo para la Igualdad de Discapacidades, en dos centros de salud de Guayaquil.

Otro de los investigados en el caso de corrupción en los hospitales, Jorge Henriques, exjefe de compras públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo y exasambleísta alterno de Gabriela Pazmiño, también registra 41% de discapacidad.

Pero, ¿tienen estas discapacidades?. «Está en duda», contestó Xavier Torres, presidente del Consejo, y añadió: «Se tiene que saber cuáles fueron las condiciones de la discapacidad, quién los calificó, con qué documentos habilitantes le calificaron y le dieron el carné».

Esta competencia, de calificar y carnetizar, la tiene desde el 2013 el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad que no aceptó una entrevista con este Diario. Lissette Tapia, directora nacional de Discapacidades, respondió: «Cualquier requerimiento que sea direccionado al Sr. Ministro».

Torres pidió al MSP que se les remita los expedientes de los hermanos Salcedo y del amigo, César Rodríguez, pero le contestaron -según dijo- que la información es reservada y que le enviarán un reporte. El martes 23, Torres afirmó que acudió a la Fiscalía para entregar los datos de los dos centros de salud donde los tres obtuvieron los carné para que se incluya eso en las investigaciones.

«Puede tratarse de una falsificación de documento, porque no podemos hablar de una alteración de documento, ya que el señor no tiene ninguna discapacidad», dijo la fiscal Yanina Villágomez en días pasados a la prensa.

«Yo tengo 100% de discapacidad en el ojo derecho y tanto el Msp y el IESS me diagnosticaron solo el 14% de discapacidades, y estos individuos que están sanos le dan el 41% de discapacidad. ¡El que tiene padrino se bautiza!», comentó Joel Sánchez, en Twitter.

Este tipo de irregularidades en la calificación y carnetización las conoce el presidente del Consejo para la Igualdad de Discapacidades, entidad que -aseguró- investiga las denuncias que llegan a través de la página web del Consejo o en las redes sociales. Torres confirmó también que ha escuchado que se vende el carné a $1000, $1500 y hasta $2000, pero hasta ahora no han conseguido pruebas ni denuncias.

Hace tres años hice todo legal para sacar mi carné de discapacidad visual y me negaron, a pesar de tener el 100% de discapacidad sin lentes y 60% con lentes. En ese entonces me dijo un Dr. cubano: te ayudo, pero con un billete», denunció Paco López, en Twitter.

«Pero no denuncian. No sé si les da miedo, o si le gusta más bien solo hacer el escándalo… cuando le pides que respalden la denuncia te dicen no, no, no, solo te cuento. Entonces se vuelve un problema si no tienes pruebas», refirió Torres.

Hace dos años, una de las investigaciones dio como resultado la detención de cuatro funcionarios detenidos del MSP, Mies e IESS por emitir los carnés de forma fraudulenta. En noviembre del año pasado, aseguró Torres, el Msp les notificó que se «dieron de baja 497 carnés» por irregularidades en la emisión de estos documentos.

En estos casos estuvieron involucrados personas con discapacidad, personal del Conadis y del Msp, que recibieron medidas sustitutivas por su condición. «Los jueces a veces son gente que no hace bien su trabajo, a veces la justicia no es justa», aseguró Torres.

El MSP señaló, en un correo electrónico, que entre 2017 y 2020 se han hecho 3500 auditorías focalizadas -solicitadas por el usuario o instituciones- y preventivas -de forma aleatoria- para «identificar la correcta ejecución del proceso de calificación y de encontrar inconsistencias proceder con acciones que permitan mejorar el mismo».

Con el carné de discapacidad, Salcedo, que continúa internado en el hospital Abel Gilbert, en el sur de Guayaquil, intentó acceder a los descuentos que reciben las personas con discapacidad para importar un vehículo, que van del 60% al 100% de los tributos de comercio exterior (ICE, IVA, entre otros).

Salcedo quiso importar un carro Toyota, modelo Sequioia, fabricado en 2019, que cuesta alrededor de $ 47 000 en el país y que en Miami le habría costado $ 23 340, según un documento difundido en redes. Pero el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) ordenó el reembarque del vehículo en febrero de 2020 «por mal uso de exención aduanera y se le impuso la correspondiente multa», contestó Senae a este Diario. La sanción es el triple del valor real del vehículo.

César Rodríguez, amigo de Salcedo, sí recibió las exoneraciones al traer del exterior un vehículo Ford en 2019. Su esposa, Karla Cárdenas, también importó, con su carné, un vehículo en abril de este año.

En 2019 se registró un incremento de 170% en las importaciones con relación al 2018. De 1634 vehículos subió a 4 426, cifra que representa el 40% de las 11 077 importaciones realizadas en los últimos nueve años, según el Senae, entidad que reporta durante este primer semestre 1420 vehículos importados.

Las importaciones de vehículos para personas con discapacidad ha tenido un incremento drástico desde 2018, cuando subió un 233%, en relación al 2017. De 490 carros pasaron a 1634, en 2018. Este aumento coincide, según Senae, con un dictamen de la Corte Constitucional que dispuso en 2017 que se incluyan a las personas con 30% o más de discapacidad para que reciban las exoneraciones.

Estos descuentos, que empezaron a darse en 2012 con la Ley de Discapacidades, se aplicaron hasta 2017 a los calificados con más de 40% de discapacidades.

Del total de importaciones de vehículos para personas con discapacidad, el 74% son personas con carné que registran del 30% al 55%, detalló el Senae.

En los últimos nueve años, según Senae, los descuentos de los 11 077 vehículos importados para personas con discapacidad representó $ 107, 5 millones. En 2017 fueron $ 4,5 millones en exoneraciones; en 2018 se triplicó a $ 16 millones; y el año pasado fue $ 42,5 millones.

180 equipos valoran las discapacidades

El familiar o persona con discapacidad debe llamar al call center del Ministerio de Salud Pública, al 171, para solicitar una cita para una primera valoración médica en una unidad de salud. Esta consulta se agenda en 15 días y hasta un mes. Debe llevar cédula y documentos, como diagnóstico y exámenes, dependiendo de la discapacidad.

Luego, la persona debe tener otras dos consultas, con la psicóloga y con una trabajadora social. Si se requiere exámenes complementarios se deriva a los pacientes a un especialista en un centro de segundo y tercer nivel, dependiendo el caso.

Estas citas pueden tardar varios meses, como en el caso de la mamá de Daniel, quien tuvo que esperar cuatro meses para recibir la consulta con un otorrinolaringólogo en un hospital de Cuenca para que valore su discapacidad auditiva. Y luego, aseguró, le pidieron un certificado médico de la discapacidad de un especialista del IESS, porque su madre recibe la pensión por montepío. «Ahí le agendaron la cita tres meses después, pero ya no quisimos esperar más y desistimos», refirió el cuencano, que tiene discapacidad visual.

Son 180 equipos calificadores de discapacidad del MSP en el país, señaló el Consejo para la Igualdad de Discapacidades, entidad que registra, a febrero pasado, 485 325 personas con discapacidad.

Las provincias del Guayas, Pichincha y Manabí concentran el 50,9%. Del total, el 46% registra discapacidad física; el 22%, intelectual; el 14%, auditiva; el 11%, visual; y el 5%, psicológica.

Senae se basa en registros del MSP

El Servicio Nacional de Aduanas afirmó que «no es un ente regulador del proceso». Se encarga, aseguró, de verificar en línea, en la base del MSP, que el carné haya sido emitido por las autoridades y que en la factura comercial original conste que el precio del vehículo no supere 60 remuneraciones básicas unificadas ($24.000).

En los últimos tres años, señaló el Senae, 113 importaciones de personas con discapacidad han sido rechazadas “por discrepancia en el valor” .

Se puede importar un vehículo por una vez cada cinco años; y debe usarlo el beneficiario directo o sus familiares en caso de no poder conducir.

La reducción de impuestos se aplica de acuerdo al porcentaje de discapacidad: un 60% de rebaja si la persona registra entre el 30% y 49% de discapacidad; el 70%, si va del 50% al 74%; el 80%, si tiene de 75% al 84%; y del 100%, si supera el 85%.

El 91% de los autos, detalló el Senae, son nuevos e importados a través de concesionarias. El 9% restante corresponde a vehículos usados, que deben cumplir los requisitos anteriores (carné y el valor inferior a $24000) y no puede tener más de tres años de fabricación.

El valor de estos vehículos se verifican, aseguró Senae, en cruces de información con aduanas del país de origen. La marca que más se importa es el Toyota, Rav4.

Senae señaló que reporta, trimestralmente, las importaciones a las entidades de tránsito, SRI y Policía para que se vigile la prohibición de venta por 5 años de los vehículos.

El mal uso de los descuentos aduaneros es, según el monto de los tributos, una contravención o delito. Si es un contravención por el monto, como en el caso del intento de importación de Daniel Salcedo, se sanciona con la prohibición de importación, orden de reembarque y una multa por el triple del valor del vehículo.


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