Reforma para aliviar desempleo, arriendos y pensiones educativas

El presidente Lenín Moreno anunció el pasado vieres 10 de abril de 2020 una serie de medidas para afrontar la situación fiscal en la emergencia y garantizar la atención de las familias de más bajo ingreso. Estas decisiones se suman a otras tomadas en este mes, como el diferimiento en el pago de salarios de las empresas y de impuestos a la renta y al valor agregado para cuatro sectores de la economía (como microempresarios). El Ecuador registró 7 161 contagios hasta ayer. Para enfrentar ese escenario, el Presidente hizo en la cadena un llamado a todas las fuerzas políticas para dar paso a un Gran Acuerdo de Unidad Nacional.​El nuevo paquete de medidas se enfoca en ampliar la entrega de un bono temporal a dos millones de personas necesitadas. Y se entregará ayuda a pequeños negocios. El Jefe de Estado propuso crear una cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria. Los recursos también servirán para dotar de salud y alimentos y proteger el empleo.

El manejo de la cuenta no estará a cargo del Gobierno sino de la sociedad civil, para que controle su buen uso. Además, enviará un proyecto de Ley de cinco puntos a la Asamblea para ampliar el seguro de desempleo, la cobertura de salud del IESS y otros beneficios. Con cerca del 70% del aparato productivo parado, el país suma pérdidas de más de USD 4 500 millones en esta emergencia, según Iván Ontaneda, ministro de la Producción. La afectación se debe a una fuerte caída tanto en ventas internas como en exportaciones. En ese escenario, Ontaneda dijo que es clave el envío del proyecto de ley que incluye temas para preservar el empleo, incentivos tributarios y para mantener la liquidez.

Además de esos cambios, los empresarios consideran que los negocios necesitan de manera urgente que se posponga y difiera en cuotas el pago de tributos como IVA, ISD e impuesto a la renta, así como los compromisos patronales con la seguridad social para todas las empresas del país y no solo para cuatro segmentos. La Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador pidió que se postergue el pago del IVA y del impuesto a la renta para todas las empresas y que se difiera el monto en cuotas por 12 meses. Roberto Aspiazu, director Ejecutivo del Comité Empresarial (CEE), señaló que los negocios, además, necesitan el diferimiento del pago de aportes patronales al IESS. El Comité pidió al Ejecutivo que estas deudas comiencen a pagarse en septiembre, en cuotas durante seis meses. Aspiazu dijo que el IESS ha escuchado sus planteamientos, “pero nos comentaron que la seguridad social no aguantaría más de un mes sin ese dinero, porque se tienen que hacer pagos a jubilados, de salud y habrá más uso de fondos por el seguro de desempleo”. Los empresarios, además, plantearon al Gobierno que se reduzcan a cero los aranceles para importar toda materia prima y maquinaria y un mecanismo de devolución de impuestos a los exportadores.

La pequeña y mediana industria pidió diferir el pago de servicios básicos a las pymes. Empresas aportarán para micronegocios Una de las fuentes de financiamiento de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para enfrentar el covid-19 provendrá de las empresas y será para pequeños productores. La medida, según el Gobierno, busca evitar que ese segmento quiebre. Para ello, las empresas grandes -es decir aquellas que ganaron más de USD 1 millón- aportarán con el 5% de esa utilidad, en tres pagos mensuales. El dinero irá, por ejemplo, a una panadería que no tiene para pagar a sus trabajadores o para comprar insumos, dijo Moreno. Esta sería la segunda contribución que realizan las empresas en este año. La primera se aprobó mediante la Ley de Simplificación Tributaria, que entró en vigor en enero pasado. Esta norma dispuso que las empresas que en el 2018 tuvieron ventas de más de USD 1 millón paguen un aporte de entre el 0,1% y 0,2% por tres años.

Este año, la fecha de pago de este rubro era marzo y se esperaban USD 177 millones. Quien gane más de USD 500 hará un aporte Otra fuente de financiamiento de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para enfrentar el covid-19 provendrá de los ciudadanos. Para eso, los trabajadores harán una contribución progresiva por nueve meses, según su salario. No pagarán este aporte quienes ganen menos de USD 500. “Los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más pagan”, dijo el Presidente. Por ejemplo, quienes perciban USD 500 al mes pagarán USD 2 mensuales y quienes reciben USD 50 000 mensuales aportarán USD 4 400. El dinero servirá para ampliar el Bono de Protección Familiar, una ayuda temporal de USD 60 al mes en abril y mayo. Con ello, el Régimen busca atender a otro millón de familias más que se suman a los 950 000 ecuatorianos que ya están recibiendo ese bono. A inicios de marzo, el Gobierno ya planteó la idea de que los servidores públicos debían hacer un aporte sobre sus remuneraciones, pero quedó en suspenso.

Reforma para arriendos, IESS y educación El Mandatario dijo que planteó a la Asamblea cinco decisiones. La primera apunta a que nadie sea desalojado por retraso en el pago de arriendo en la emergencia y 60 días después. Además, sugirió que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago. Segundo, el IESS ampliará la cobertura de salud por 90 días más para quienes se queden sin empleo. Es decir, serán 120 días de cobertura. Tercero, el seguro de desempleo se cobrará en siete días y no en 60. Y también se ampliará. Cuarto, el Ejecutivo propone proteger a los niños para que no abandonen la escuela privada y, para ello, a los hogares de escasos recursos ayudará a cubrir un porcentaje de la pensión. A la vez, sugirió a escuelas llegar a acuerdos para reducir costos. El Gobierno financiará con dinero de multilaterales créditos con período de gracia, bajas tasas de interés y sin garantías, para aliviar la liquidez de las empresas.

Compromiso para renegociar deuda sigue Como parte de la estrategia de gestión de la deuda, el Gobierno propuso a los tenedores de bonos posponer hasta agosto el pago de cupones de interés por USD 811 millones, que vencían durante el primer semestre del 2020. El mecanismo, conocido como solicitud de consentimiento, deberá ser aprobado o rechazado por los acreedores hasta el 17 de abril. El Ejecutivo planteó, además, a los acreedores negociar mejores condiciones para que la deuda externa sea más sostenible. Luego de este anuncio, el indicador de riesgo país mejoró el 9 de abril y se ubicó en 4 696 puntos; esto es, 145 puntos menos que el día anterior. No obstante, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia del país por esta decisión, pues teme que Ecuador caiga en ‘default’. El plan de manejo de la deuda además comprende un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría concretarse en agosto.

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